El recurso de Félix Bolaños ante el Consejo General del Poder Judicial
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha decidido formalizar un recurso de alzada contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja contra el juez peinado. El escrito, dirigido al órgano de gobierno de los jueces, busca reabrir las diligencias informativas tras el procedimiento abierto por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en el marco de la causa que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tal como informan El Mundo y Cadena SER.
En su argumentación, el titular de Justicia sostiene que la resolución adoptada por la Comisión Disciplinaria y el promotor de la acción disciplinaria carece de la agilidad y el rigor exigibles a una institución de esta naturaleza. Según se detalla en el recurso, el Ejecutivo considera que el archivo de la causa deja sin una respuesta adecuada los hechos denunciados, los cuales, a su juicio, trascienden el ámbito estrictamente jurisdiccional para entrar de lleno en el terreno de las infracciones disciplinarias.
Críticas al corporativismo y plazos del expediente
Uno de los aspectos más destacados del escrito remitido por el ministro es la crítica frontal a la gestión temporal y al clima interno del órgano de los jueces. Bolaños subraya que han transcurrido 427 días desde la presentación inicial de la queja hasta la notificación definitiva del archivo. Para el ministro, este prolongado periodo contrasta con la sencillez de las actuaciones requeridas, limitadas a comprobar incidencias concretas de una diligencia perfectamente delimitada.
Las acusaciones sobre conservadurismo institucional
En el texto, el ministro no escatima calificativos hacia la actuación del Consejo. Sostiene que la institución ha demostrado una incapacidad manifiesta para corregir las supuestas irregularidades denunciadas, atribuyendo dicha pasividad al «conservadurismo» o al «corporativismo» imperante en determinados sectores del órgano judicial. Desde la perspectiva del Ejecutivo, estas dinámicas impiden reponer el prestigio y la reputación del Poder Judicial ante episodios que, según sus palabras, han dañado de forma notable la imagen de la justicia.
Los motivos de la queja y el desarrollo de la declaración
El origen de este enfrentamiento institucional se remonta al 16 de abril de 2025, fecha en la que el juez Juan Carlos Peinado se desplazó al complejo de La Moncloa para tomar declaración testimonial a Félix Bolaños. Las fuentes recuerdan que el interrogatorio estuvo precedido por exigencias logísticas y de protocolo, como la petición de un vehículo oficial con escolta policial y la elección unilateral de las condiciones espaciales para llevar a cabo la comparecencia.
Una vez iniciado el interrogatorio, el ministro denunció que el instructor adoptó una actitud calificada de «objetivamente intimidatoria e injustificadamente hostil». Entre los episodios reseñados se incluye el apercibimiento inicial en el que el juez advirtió al compareciente de que su condición procesal de testigo podría mutar a la de investigado en cualquier momento, una advertencia que el recurrente tacha de improcedente y carente de utilidad instructora. Asimismo, se reprocha que el magistrado le interrumpiera para ausentarse o recabar datos, apartándose de los cauces habituales de un interrogatorio a testigos.
Valoraciones institucionales y debate sobre la potestad disciplinaria
El caso ha suscitado profundas discrepancias en el ámbito jurídico y político acerca de los límites entre la función jurisdiccional y la potestad disciplinaria. Mientras que el promotor de la acción disciplinaria y tribunales previos como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinaron que los hechos denunciados se enmarcan en la soberanía interpretativa del juez y deben resolverse mediante los recursos procesales ordinarios, el Ministerio de Justicia defiende que no toda actuación de un magistrado queda blindada de forma automática ante posibles faltas disciplinarias.
Por otro lado, analistas y sectores críticos, como el expresidente de la Audiencia Provincial Manuel García Castellón en su tribuna en El Independiente, han puesto el foco en la estrategia procesal del Gobierno. En dicho análisis se recuerda que el archivo de la queja no provino de un bloque ideológico homogéneo, sino que contó con el respaldo de vocales procedentes de sensibilidades diversas, incluido un representante propuesto por Sumar, socio parlamentario del Ejecutivo. Desde esta postura se cuestiona la conveniencia de que un ministro de Justicia descalifique de antemano las decisiones del Consejo cuando estas no coinciden con las expectativas gubernamentales.
Pese a haber interpuesto este recurso de alzada, el propio Bolaños ha reconocido públicamente que no abriga grandes expectativas de que el plenario del Consejo rectifique su postura. Con este paso, el Ejecutivo sitúa sus expectativas en la vía contenciosa o en las instancias del Tribunal Supremo, con el convencimiento de que será la cúpula judicial la que deba dirimir si los actos del instructor vulneraron los estándares éticos y disciplinarios exigibles en la administración de justicia.