La magistrada se persona en la Audiencia Nacional
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido dar un paso al frente en el plano judicial e institucional. La jueza del caso David Sánchez se ha personado como acusación particular ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza número 5 de Madrid, que encabeza las pesquisas sobre la denominada trama parapolicial y de hostigamiento. En su escrito, la magistrada detalla que ha sido objeto directo de una estrategia coordinada para neutralizar su labor jurisdiccional durante la instrucción que dirigió contra el hermano del presidente del Gobierno, quien recientemente ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en el proceso de adjudicación de su puesto en la Diputación provincial.
La decisión de la instructora responde a lo que califica como una grave injerencia en la independencia judicial garantizada por la Constitución. Según los elementos aportados en su denuncia, los movimientos de la organización no solo buscaban menoscabar su reputación personal y profesional, sino también entorpecer el normal desarrollo de la administración de justicia en causas de marcada trascendencia pública y proteger el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva libre de presiones externas.
Campaña de acoso, correos masivos y difamación
El escrito presentado por la magistrada detalla un rosario de actuaciones orientadas a hostigarla de manera sistemática. Entre los métodos empleados por la red figuraba el envío masivo de comunicaciones a través de correo electrónico dirigidas tanto a su órgano judicial como a su entorno personal y a diversos medios de comunicación. Estas acciones estaban orquestadas por colaboradores vinculados a la trama, como el abogado Javier Saavedra, quien remitió escritos a organismos nacionales e internacionales —incluyendo la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Comisario Europeo de Justicia— en los que atribuía falsamente a la instructora la comisión de delitos como retardo malicioso, desobediencia y obstrucción.
Estrategia de desgaste y presiones institucionales
La campaña incluyó la interposición de numerosas quejas ante el órgano de gobierno de los jueces, la creación de contenidos específicos en plataformas digitales y la difusión de datos e informaciones carentes de veracidad con el propósito de forzar su recusación o apartarla de los procedimientos. Informes de la Unidad Central Operativa (El Mundo) ya señalaban que el grupo estaba integrado por figuras como la exdirigente socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exjuez expulsado Luis José Sáenz de Tejada y el exdirigente deportivo Joaquín Parra, quienes mantuvieron encuentros en Madrid para coordinar estas acciones de presión encaminadas a destruir las pesquisas.
Supuestos contactos con clanes del narcotráfico
Uno de los aspectos más alarmantes recogidos en el escrito de la magistrada alude a la seguridad física y a la gravedad de los vínculos detectados por los investigadores. De acuerdo con las informaciones recopiladas y referenciadas en las diligencias, la organización habría intentado establecer vías de contacto con clanes dedicados al narcotráfico asentados en Badajoz. El propósito de estos acercamientos era recabar información sensible, generar un clima de hostilidad extrema o comprometer la integridad personal de la instructora debido estrictamente al cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales en otras causas de su competencia.
Los delitos investigados y el contexto del caso
Ante la magnitud de los hechos, la representación legal de la magistrada solicita que se investiguen hasta seis tipos penales diferenciados, que abarcan desde la organización o grupo criminal hasta la obstrucción a la justicia, los delitos contra la integridad moral, las amenazas y coacciones, el descubrimiento y revelación de secretos y la acusación o denuncia falsa. Esta ofensiva judicial coincide con la respuesta legal adoptada también en los juzgados de Badajoz por la propia juez frente a las difamaciones vertidas en su contra (OkDiario), un escenario que consolida la gravedad de un hostigamiento sin precedentes contra un miembro de la judicatura en el ejercicio de su independencia.